En un entorno donde la fiscalización laboral se ha intensificado, las empresas suelen enfrentarse a un desafío crítico: recibir múltiples sanciones por un mismo hecho. Sin embargo, la Corte Suprema ha emitido un fallo determinante que pone límites a esta práctica. Este hito legal no solo garantiza la justicia administrativa, sino que ofrece una herramienta de defensa sólida para el sector empresarial al aplicar correctamente los principios de proporcionalidad.
El fallo: Sunafil y el concurso de infracciones
Recientemente, el máximo tribunal analizó un caso donde una misma acción u omisión del empleador fue calificada con más de una infracción administrativa. La resolución de la Corte fue clara: cuando un solo hecho encaja en varias infracciones, se configura un «concurso de infracciones».
La regla de la mayor gravedad
Bajo este escenario, la normativa vigente obliga a la autoridad inspectiva a:
- Identificar el hecho: Partir de una conducta única del empleador para evitar lecturas mecánicas del reglamento.
- Evitar la acumulación: No se deben sumar multas por cada reglamento afectado por ese único hecho.
- Aplicar una sola sanción: Únicamente debe imponerse la multa correspondiente a la infracción de mayor gravedad.
Gracias a este criterio, la Corte dejó sin efecto sanciones que pretendían ser acumulativas, devolviendo el sentido de legalidad a la fiscalización laboral.
Impacto y defensa para las empresas
Este fallo no crea una regla nueva, sino que reafirma principios ya previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo General que, en ocasiones, son ignorados durante las inspecciones. Para los especialistas, esta casación permite a las organizaciones revisar con detalle sus resoluciones de imputación y plantear defensas basadas en el concurso de infracciones desde sus primeros descargos.
La potestad sancionadora tiene límites que la autoridad debe respetar, evitando que las multas se incrementen de manera desproporcionada debido a la autonomía dispar de los inspectores.
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