La OIT y la CEPAL, en su boletín conjunto de 2025, subrayan que la desigualdad de género en América Latina y el Caribe está profundamente vinculada a la organización injusta del cuidado. Históricamente, este trabajo ha recaído desproporcionadamente sobre las mujeres, reforzando la división sexual del trabajo y limitando su acceso al empleo, la protección social y la autonomía económica. Para revertir esta situación, las instituciones proponen avanzar hacia una sociedad del cuidado basada en la corresponsabilidad de género y social. Es decir, que los cuidados sean compartidos por todos los actores: hombres, mujeres, familias, comunidades, Estado y sector privado. Esto implica reconocer el cuidado como un derecho humano, un trabajo productivo y una necesidad colectiva, e incluirlo como eje central en las políticas públicas de desarrollo sostenible con enfoque de género, interseccionalidad y derechos.
Brechas en licencias de maternidad, paternidad y parental
El boletín evidencia importantes carencias normativas y de cobertura en materia de licencias laborales para el cuidado. Solo cinco países de la región ofrecen 18 semanas o más de licencia de maternidad, cumpliendo con la Recomendación 191 de la OIT. En contraste, 18 países otorgan menos de 14 semanas, por debajo del estándar mínimo establecido en el Convenio 183. El acceso a estas licencias está condicionado por la afiliación a la seguridad social, lo cual deja fuera al 51,9% de las mujeres ocupadas, especialmente a aquellas en la economía informal.
Fuente: Boletín informativo de la OIT
En cuanto a las licencias de paternidad, el panorama es aún más limitado: 11 países ofrecen menos de 10 días y solo 6 superan ese umbral. La mayoría de estos permisos son financiados por los empleadores, lo que desincentiva su extensión y uso. Además, muy pocos países reconocen licencias parentales que permitan compartir el cuidado entre madres y padres. Solo Chile, Colombia, Cuba y Uruguay han avanzado en este ámbito, aunque con diferentes niveles de remuneración y cobertura. La falta de equidad en estos permisos refuerza los estereotipos de género y perpetúa la sobrecarga de trabajo no remunerado en las mujeres.
Inversión en cuidados: motor para el empleo y el desarrollo
Uno de los aportes más innovadores del informe es el uso del Simulador de Inversión en Cuidados de la OIT, que estima el impacto económico de ampliar políticas públicas de cuidado. El modelo calcula que una inversión promedio del 5,1% del PIB en servicios de cuidado infantil y de larga duración podría generar hasta 32 millones de nuevos empleos en América Latina y el Caribe para 2035. De estos, 11 millones surgirían en servicios universales de cuidado infantil temprano y 21 millones en el sector de cuidados a largo plazo.
Además del efecto directo en el empleo, se espera una mejora significativa en la participación laboral de las mujeres, lo que reduciría brechas de género en el ingreso y aumentaría la base fiscal. Países como Nicaragua podrían necesitar invertir hasta el 15,5% del PIB para cerrar las brechas, mientras que en Uruguay la inversión necesaria sería de apenas el 2,5%. Esta evidencia refuerza el argumento de que invertir en cuidados no solo es una cuestión de derechos, sino también una estrategia para el crecimiento económico y la justicia social.
Recomendaciones urgentes para los Estados
Para avanzar hacia la sociedad del cuidado, el boletín plantea una hoja de ruta con recomendaciones concretas. En primer lugar, se llama a ratificar y aplicar los convenios internacionales clave, especialmente el Convenio 183 (maternidad) y el 156 (trabajadores con responsabilidades familiares), que aún no han sido adoptados por la mayoría de países de la región.
El boletín evidencia importantes carencias normativas y de cobertura en materia de licencias laborales para el cuidado. Solo cinco países de la región ofrecen 18 semanas o más de licencia de maternidad, cumpliendo con la Recomendación 191 de la OIT. En contraste, 18 países otorgan menos de 14 semanas, por debajo del estándar mínimo establecido en el Convenio 183. El acceso a estas licencias está condicionado por la afiliación a la seguridad social, lo cual deja fuera al 51,9% de las mujeres ocupadas, especialmente a aquellas en la economía informal.
Finalmente, se recomienda alinear las leyes nacionales con estándares internacionales y ampliar la cobertura para que estas políticas beneficien a todos los trabajadores, incluso aquellos en el sector informal o en formas de familia no tradicionales. Estas acciones son fundamentales para garantizar el derecho al cuidado, reducir desigualdades estructurales y promover el desarrollo sostenible con igualdad de género.
Fuente:
Boletín de la OIT: https://www.ilo.org/sites/default/files/2025-03/Boletin_OIT-CEPAL_economia%20del%20cuidado%20LAC_0.pdf
